El padre del pequeño de 23 meses, Iago R.M, muerto por el ataque de un pit bull en Pontevedra, ha sido imputado por un presunto delito de homicidio por imprudencia. Óscar R.R., padre del niño, es el propietario del perro y se encuentra en libertad a la espera de ser citado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Redondela, que abrió diligencias para determinar si existe alguna responsabilidad penal por el trágico suceso. Además del padre del pequeño Iago, también prestó declaración la madre del menor. Antes lo habían hecho sus abuelos maternos, en cuya finca de la parroquia de Mosteiro en Pazos de Borbén tuvo lugar la muerte a dentelladas del niño.
Según la prensa gallega, los agentes ya han entregado el atestado con sus investigaciones, en las que aprecian una supuesta inobservancia del deber de cuidado. El día del ataque del perro, los padres, los tíos y el abuelo del niño fueron a trabajar en las obras de otra casa, a cinco kilómetros. En la finca solo quedó la abuela, al cuidado de Iago y de sus dos primos, de dos y cuatro años, que jugaban en el jardín.
La Voz de Galicia indica que el ministerio público quiere esclarecer si el padre fue negligente o poco cuidadoso a la hora de custodiar al perro y si ese supuesto descuido fue la causa directa de la muerte accidental del pequeño. También estudiarán si hay irregularidades en la inscripción del animal potencialmente peligroso y el recinto de la caseta. Si el siniestro fue imprevisible, la Fiscalía podría solicitar el sobreseimiento o archivo de la causa.
El padre había criado al perro desde cachorro en un piso de Vigo y ahora tenía dos años de edad. Era unos meses mayor que el niño, acostumbrado a jugar con la mascota. Hace tres o cuatro meses, el matrimonio emprendió las obras de una casa en Xunqueiras. Como iban y venían todos los fines de semana, dejaron al animal en la finca de los abuelos. Por ello, el padre le construyó una jaula. El recinto contaba con tres paredes de bloques de tres metros de altura y una verja de barrotes de madera de dos metros. La normativa obliga a que el animal no pueda saltar ni enganchar a las personas que entran en la finca. En este caso, existía la posibilidad de caer al recinto desde otra finca.
La ley establece que los animales potencialmente peligrosos que se encuentren en parcelas, chalés, terrazas o patios deben estar atados a no ser que se posean medidas de seguridad en cuanto a altura, cerramiento y superficie para proteger a las personas o animales que se acerquen. Estas mascotas deben tener bozal y una correa de menos de dos metros de longitud no extensible. El pit bull de O Mosteiro tenía un radio de acción desde su caseta a la puerta de la verja, donde enganchó al niño, superior a los tres metros de distancia.
Debido a que la presencia del pit bull en Pazos de Borbén era provisional, el amo no inscribió al animal potencialmente peligroso en el registro municipal, sino que continuó censado en Vigo, su residencia habitual. El número de identificación del microchip que portaba el animal confirma que su registro era definitivo, por lo que tenía licencia en el Registro Gallego de Animales de Compañía (Regiac).
Declaraciones de la familia
La primera versión de la abuela poco después del trágico accidente a los agentes de la Guardia Civil incidía en que el perro estaba encerrado en un recinto al aire libre de hormigón, en cuyo interior disponía de una caseta, y cercado por una verja de madera. Las estacas tenían entre sí espacio suficiente para que el animal sacara la cabeza. El niño se acercó y el pit bull lo enganchó por la cara y el cuello y lo mató.
Según El Faro de Vigo, los momentos posteriores fueron de gran tensión y dolor. La abuela recogió al niño, lo tapó con una manta y salió con él a la carretera pidiendo ayuda. Una vecina alertó al 061, a la Guardia Civil, al marido de la mujer y a los padres del menor, que llegaron antes de que lo hiciera la ambulancia. El abuelo ahorcó al perro, mientras el padre del niño, desesperado, intentaba trasladado en su vehículo al hospital, cosa que impidieron los vecinos.
Mientras efectivos del 061 luchaban por reanimar y estabilizar al menor, su madre intentó arrebatar la pistola reglamentaria a uno de los agentes de la Guardia Civil para matarse al no poder soportar el dolor de haber perdido a su único hijo.
Ante la tragedia familiar, la Guardia Civil y el juzgado de Redondela optaron por posponer unos días las declaraciones de toda la familia.
--------------------------------------------------------------------------------